En el marco del evento anual 2026 de Basefirma: “Tributación Internacional y Precios de Transferencia. En qué estamos y hacia dónde vamos”, nuestro socio Osiel González Azócar realizó un análisis crítico del proyecto de reforma tributaria «Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social» impulsado por el Gobierno.
Contexto: décadas de presión fiscal creciente
Desde 1984, Chile adoptó un modelo de integración del sistema tributario en que el impuesto pagado anualmente por las empresas (FUT) servía de crédito contra el impuesto que grava el retiro de utilidades. Todas las reformas posteriores han modificado esta misma base de manera poco armónica, condicionadas por las características del proceso legislativo. La reforma actual no parece ser la excepción.
A lo largo de los años, la presión fiscal creció de forma sostenida: el impuesto de primera categoría subió progresivamente de un 10% a un 27%, el crédito asociado se limitó al 65% del monto pagado, el IVA escaló de un 16% a un 19% (siendo aún el impuesto que más recauda en Chile), y se fueron creando nuevos tributos como el impuesto a los servicios digitales, la sobretasa de contribuciones, el impuesto al lujo, el impuesto a las emisiones y el royalty minero, además de ajustes en los impuestos correctivos y el fin de la invariabilidad tributaria.
A esto se suma un aumento del control por parte del SII, reflejado en la introducción de medidas antielusivas desde 2001, la Norma General Antielusión de 2015, las normas de precios de transferencia desde 2012 (hoy llevadas al límite con la implementación del Pilar II de la OCDE), el incremento de declaraciones juradas y obligaciones de información, y un endurecimiento en la dinámica de los procesos de fiscalización y litigios.
No obstante, este proceso también tuvo efectos positivos: el denominado «efecto OCDE» obligó a Chile a actualizar y modernizar sus regulaciones; la Norma General Antielusión, bien utilizada, permite distinguir entre quienes operan en los límites del sistema y quienes simplemente no cumplen; se crearon tribunales tributarios independientes y procedimientos especiales (RAV, RAF, recursos de resguardo); y se avanzó en transparencia en las decisiones e interpretaciones del SII.
Las medidas centrales de la reforma
La propuesta del Gobierno fue descrita como una «válvula de escape» ante la presión acumulada. Sus principales componentes son los siguientes:
| 1. Reducción progresiva del impuesto de primera categoría (27% → 23%) Eje central del proyecto. La tasa bajaría de forma gradual: 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% desde 2029 en adelante. Para contribuyentes acogidos al régimen PYME, se mantendría una tasa del 12,5% para los años comerciales 2026 y 2027, y de 15% a contar de 2028. Su implementación legal es simple, aunque debe analizarse en conjunto con la reintegración del sistema para comprender su impacto real. |
| 2. Reintegración del sistema de impuesto a la renta Se propone volver a la integración total, de modo que el 100% del impuesto de primera categoría sea crédito contra el impuesto global complementario o adicional (en países sin tratado). Hoy solo se utiliza el 65% (equivalente a 17,55 puntos con tasa del 27%). La implementación sería gradual hasta 2031 (año comercial 2030), manteniendo la restitución por créditos generados entre 2016 y 2030. Se contempla un impuesto sustitutivo con tasa de entre 10% y 15% para convertir el crédito acumulado en 100% utilizable. La gestión de los distintos registros tributarios (utilidades pre-2015, 2015 a 2030 y post-2030) será especialmente compleja. |
| 3. Impuesto a las donaciones Se propone una reducción transitoria al 50% de la tasa del impuesto a las donaciones por un plazo de 12 meses, con la base actualmente contemplada en la ley. El impuesto pagado sería crédito contra el futuro impuesto a la herencia por el doble del monto pagado. Se eliminaría el trámite de insinuación judicial, reemplazado por una declaración jurada ante el SII informando la composición del patrimonio del donante. El límite sería el 75% del patrimonio. Quedan pendientes de confirmar aspectos relevantes: la fiscalización del cumplimiento de normas hereditarias, los parámetros de valorización de participaciones sociales y el tratamiento de casos especiales en períodos de transición. |
| 4. Crédito al empleo Crédito tributario permanente y universal asociado al pago de remuneraciones, aplicable a rentas entre 7,8 y 12 UTM (aproximadamente $545.000 a $838.000). La tasa inicial sería del 15%, disminuyendo progresivamente hasta 0% al alcanzar las 12 UTM. Es imputable contra PPM, IVA e IDPC. Conlleva la eliminación de la franquicia SENCE. La complejidad puede surgir en casos que queden fuera del período de transición, como contratos iniciados a comienzos de 2026. Es una de las medidas de mayor costo fiscal para el Estado. |
| 5. IVA a la venta de viviendas nuevas Se aplicaría una tasa de IVA de 0% a la venta de viviendas nuevas, incluidas las promesas de venta, durante un plazo de 12 meses desde la aprobación de la ley. Se ha planteado discusión respecto a la reducción efectiva en los precios para el comprador, considerando que la base imponible del IVA inmobiliario excluye el terreno, por lo que el impacto real no será lineal ni equivalente al 19%. |
| 6. Repatriación de capitales Sistema temporal de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero, con un impuesto único del 10% por un plazo de 12 meses. Para quienes repatríen efectivamente los capitales dentro de los 3 primeros años y los mantengan invertidos en Chile por al menos 8 años, la tasa se reduciría a un 7%. Quedan pendientes de definición aspectos clave: la base imponible (¿stock total o solo rentas no declaradas?), la inclusión de incumplimientos de declaraciones juradas, los mecanismos de fiscalización y los instrumentos de inversión elegibles. La viabilidad de la medida requiere además certeza de que no habrá nuevas oportunidades de regularización. |
| 7. Impuesto a la ganancia de capital bursátil Se propone la eliminación de la tasa del 10% que grava las ganancias de capital obtenidas en la venta de instrumentos con presencia bursátil. Queda por definir si la eliminación será transitoria o definitiva. Se identifica como una oportunidad para incorporar en el beneficio a acciones transadas en bolsa que hoy no cuentan con esta exención, e incluso transacciones de venta de compañías entre partes no relacionadas, de manera transitoria. |
| 8. Exención de contribuciones para adultos mayores Se incorporaría una exención de contribuciones de bienes raíces para personas mayores de 65 años respecto de su vivienda principal. Es una medida de bajo impacto recaudador que, con todo, requiere ajustes mayores para su implementación. Pone sobre la mesa la necesidad de revisar en forma más amplia la tributación a la tenencia de bienes raíces en Chile. |
| 9. Estatuto de invariabilidad tributaria Similar al extinto DL 600, se propone restablecer la invariabilidad tributaria por al menos 25 años para proyectos de inversión de envergadura, incluyendo tanto a inversionistas extranjeros como nacionales. La medida requiere una mirada de largo plazo en cuanto a las renuncias que impondrá al Estado y las obligaciones para los inversionistas, tomando en cuenta las experiencias pasadas. Como señaló el expositor, es en definitiva un reconocimiento a la fragilidad del sistema tributario actual. |
Simplicidad versus ingeniería de detalle
Osiel González concluyó señalando que, si bien la reforma tiene méritos por su sencillez conceptual, varias de sus medidas —en particular la reintegración al sistema, las donaciones y la repatriación de capitales— requieren una ingeniería de detalle que aún está pendiente. De no producirse la reactivación esperada, el resultado sería simplemente una menor recaudación, sin los beneficios proyectados, lo que obligaría a retomar el debate tributario en los próximos años.
| «La apuesta por la simplicidad puede ser tanto la gran virtud como el principal riesgo de esta reforma. El detalle técnico en la implementación será lo que marque la diferencia entre una válvula de alivio efectiva y una simple reducción de recaudación.» |