En agosto está previsto que comience la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma tributaria que ingresó el Gobierno. Y ya se anticipa un escenario complejo para su avance, especialmente por la incorporación de materias que estaban en la iniciativa impositiva original que rechazó en 2023 la Cámara Baja.
Junto con el aumento de los impuestos a las personas que ganan sobre $8,2 millones mensuales, que ya fue rechazado por la oposición, otra de las medidas del proyecto para compensar beneficios a las pymes y un menor pago en las contribuciones, son los cambios a los fondos de inversión.
Lo que sugiere la iniciativa es poner limitaciones a la exención del impuesto de primera categoría (IDPC) que actualmente tienen estos vehículos.
En una nota publicada por el diario El Mercurio, Osiel González, socio de Bruzzone & González, se mostró crítico de esta medida señalando que el cambio propuesto para los fondos de inversión públicos y privados “afecta gravemente a quienes se han estructurado e invertido en esos instrumentos, y que no tienen otro tipo de herramientas de alto patrimonio”.
El experto profundiza en su visión, y explica que “todos aquellos inversionistas que tuvieron en cuenta el tratamiento tributario de los fondos respectivos, eligiendo estas inversiones por sobre otras, se van a encontrar con una disminución retroactiva de sus retornos, con la consiguiente pérdida patrimonial”.
Y enfatiza: “Esto es extremadamente delicado en el caso de proyectos que aún no producen utilidades, ya que la inversión y la captación de recursos se habrá hecho bajo un régimen y la utilidad se producirá con reglas distintas menos beneficiosas. Me parece que el proyecto no ha dimensionado el efecto que los cambios propuestos tendrían en el mercado del ahorro”.